#Columna | Jiovanny Samanamud
Puede sonar una decisión “inteligente”, políticamente hablando, pero en el fondo no solo representa la prueba más fehaciente de la improvisación, falta de criterio y experiencia en el ámbito educativo, sino que lo que tenemos en frente es un descalabro de todo el sistema educativo y un franco proceso de desinstitucionalización. La consolidación de la educación en un país es un travesía larga y riesgosa y por eso se deben tomar recaudos a la hora de plantear cualquier política educativa. En este sentido, la decisión de clausurar el año escolar resulta un golpe bajo a la educación boliviana.
La incapacidad resultó ser más brutal y destructiva que la pandemia, la improvisación acabó siendo más letal que el virus, y al final la anunciada modernización no es más que una bravuconada. Mintieron en todo momento, con el diálogo, la modernización y todo lo demás, fueron incapaces de sostener su palabra, no saben lo que significa educar con el ejemplo. Sus delirios de persecución, inventaron el fantasma de los 14 años, con los cuales mediocremente justificaron sus medidas, y ahora hablan de que, pese al cierre del año escolar, se debe seguir estudiando. ¡Vaya “lúcida” afirmación! Pues claro que se seguirá estudiando! Pero lo que no hay es una institucionalidad que lo respalde. Nadie con un mínimo de razón afirmaría que el estudio se reduce a lo formal, pero el estudio sin respaldo institucional se vuelve una práctica recreativa que ahonda más las diferencias entre los que tienen condiciones económicas y los que no las tienen.
Institución pública implica la gestión de un respaldo mínimo que garantiza el derecho a la educación, lo contrario, dejarlo sin resguardo institucional, implica desprenderse de una responsabilidad constitucional con el pueblo boliviano. Entonces, ¿para qué un Ministerio de Educación si no puede cumplir con la más elemental y básica lección del servicio público? Los improvisados que se ufanan de tener títulos en educación y grandes consultarías internacionales a sus espaldas no entienden la significancia social de la educación. No solo estamos hablando de despidos a un buen número de profesionales dedicados a la educación, sino de la repercusión social de dicha medida, todos los nichos sociales conectados con la actividad educativa se verán directamente e indirectamente afectados en una cadena de contagio más rápida que la del Covid 19: pérdida de empleos, crecimiento de la desigualdad social y por tanto multiplicación de la pobreza.
Esta irresponsabilidad congruente con una profiláctica de corte golpista (fueron las dictaduras militares las que produjeron clausuras escolares con promoción automática) nos debe recordar la necesidad urgente de tener un gobierno legítimo lo antes posible. Se está destruyendo la educación, la salud y la economía. Lo difícil será reponerse de esta larga noche golpista.
Jiovanny Samanamud