Con una lógica que muchos consideran fuera de contexto, el Gobierno de Facto trata de poner en el debate público la “necesidad” de viabilizar los ascensos en las FF.AA, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.
El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, amenazó con procesar a la Senadora Eva Copa, a fin de presionar a la Cámara de Senadores para que acelere el tratamiento de los ascensos en la élite militar en la Comisión de “Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana” de la Cámara de Senadores. Según el propio Ministro, esta acción estaría siendo impulsada por la misma presidenta del estado, Jeanine Añez.
Sin duda, llama la atención el especial interés que ponen las autoridades de gobierno al tema, ya que coincide con la escalada de protestas y amenazas de diferentes organizaciones sociales, exigiendo que se llame a elecciones generales y, en otros casos, la renuncia de Añez.
Los consentidos de gobiernos autoritarios
La priorización de intereses castrenses no es novedad, ya que los privilegios militares comenzaron a afianzarse a finales de los 70`, época en la que nuestro país sufrió una serie de dictaduras militares. En 1979, durante el Régimen de David Padilla, se aprobaron normas, aún vigentes, que reconocen varios bonos para elevar los salarios de este sector considerablemente. Según un reportaje realizado por el periódico Página Siete, los bonos por antigüedad, por diplomados, por jerarquía, por frontera, por actividades de vuelo o embarque y demás forman parte del sueldo de oficiales de ejército.
Según esta misma fuente, también existe un privilegio que comparten policías y militares: Ambos pueden recibir un salario sin trabajar hasta por cinco años: “Antes de jubilarse, los uniformados que no ascendieron a los últimos grados pasan a una situación llamada Reserva Activa (esto no se aplica para los policías que no son oficiales). Los salarios y bonos siguen llegando al personal, pero éstos no cumplen ninguna función, pueden quedarse en sus casas, viajar o dedicarse a cualquier otra actividad con un sueldo garantizado hasta que llegue el momento de jubilarse”, escribe el medio.
Asimismo, un dato nada despreciable es que cada año el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsa cerca de 180 millones de bolivianos para asegurar el 100% la jubilación de más de 2.920 militares del “servicio pasivo”.
Pese a los diferentes cuestionamientos que puedan surgir sobre el tema, el hecho es que las FFAA no están dispuestas a renunciar a sus derechos y tampoco parece haber instancia que pueda impedírselo, algo que habla del peso determinante que tiene el Ejército sobre las prioridades del estado.
Al respecto, la senadora Eva Copa, explicó a la prensa que esa instancia legislativa está realizando el trámite para el ascenso de generales de las Fuerzas Armadas (FFAA) de acuerdo al reglamento, aunque cuestionó que el Gobierno transitorio exija celeridad en el tema cuando la prioridad es proteger la salud de la población boliviana.
Referencias