A partir de Noviembre de 2019, debido al cambio de gobierno y la posesión de Jeanine Áñez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, la crisis política y social se ha profundizado, como nunca antes. Este fenómeno se ve clara y directamente reflejado en el funcionamiento errático de los órganos del estado. Sin embargo los órganos judicial y electoral, mantienen su característica coyuntural, mostrándose funcionales al gobierno de turno.
La relación casi antagónica entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, se originan en la misma naturaleza de estos, ya que el ejecutivo se encuentra plenamente conformado por personajes detractores del anterior gobierno y en especial de Evo Morales Ayma, mientras que en la esquina opuesta se encuentra un legislativo compuesto en su aplastante mayoría por miembros del MAS-IPSP y una minoría diluida en el resto de los partidos de derecha. En condiciones normales, el trabajo de ambos órganos debería ser coordinado y sinérgico, para el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de gobierno. Sin embargo esta no es la situación, sino todo lo contrario.
Por un lado, Jeanine Áñez, actual presidenta de Bolivia, y por tanto líder del órgano ejecutivo, llego a ostentar este cargo, tras una inédita avalancha de renuncias de autoridades (cuatro en total), comenzando por el ex mandatario Evo Morales y terminando en Víctor Borda. Una vez posesionada, como primer acto, designa nuevas autoridades del alto mando militar (Decreto Presidencial 4076) y a continuación renueva su gabinete ministerial (Decreto Presidencial 4077) resaltando en la lista el flamante Ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien es conocido por sus innumerables denuncias contra miembros del MAS. Acto seguido, instruye la participación de las fuerzas armadas en la represión de las movilizaciones de los movimientos sociales (Decreto Supremo 4078), para finalmente consolidar su mandato, echando mano de las fuerzas del orden.
Por otra parte el órgano legislativo, liderado por la senadora Eva Copa, presidenta del Senado, presenta una postura política definida y contrapuesta a la del órgano ejecutivo, lo cual ha entorpecido sus actividades. En primera instancia, la bancada del MAS, en ambas cámaras (senadores y diputados) cerraron filas en contra de la posesión de Jeanine Áñez, por lo cual, la sesión extraordinaria de la ALP programada para el 12 de noviembre de 2019, que tenía por objeto tratar las renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, fue abortada por no contar con el quórum mínimo. Sin embargo y contra viento y marea Añez es juramentada presidenta y es investida con los símbolos patrios por Williams Kaliman, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas. A partir de este momento, se desarrolla una pugna de poder. Sin embargo se priorizó la búsqueda de nuevas elecciones y es así que se reanudan las sesiones ordinarias de este órgano. Posteriormente se manifiestan en reiteradas ocasiones en favor de la pacificación del país, sin embargo, la promulgación de la ley 1270, mediante la cual, se prorroga el mandato presidencial generó duras críticas desde los movimientos sociales hacia los senadores y diputados del MAS, llegando a acusarlos de “traidores al proceso de cambio” pero sin causar mayor repercusión, al igual que el intento fallido de interpelación por su accionar en las masacres de Senkata y Huayllani y posterior censura al ministro de defensa Fernando López, quien fue nuevamente posesionado por Añez, en una maniobra muy cuestionada por la bancada masista, posteriormente este órgano del estado se avoca casi totalmente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
Dentro los sucesos anteriormente descritos, se puede identificar claramente dos momentos, en los cuales notablemente se puede evidenciar la disonancia entre estos dos órganos. El primer momento es la posesión de Jeanine Áñez, pese a la ausencia de quórum de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el segundo momento es la restitución del ministro de defensa, por encima de la censura emanada de la ALP. Ante esta situación no es de extrañar que la gestión del actual gobierno este plagada de decretos presidenciales y supremos (147 a la fecha), frente a monto paupérrimo de leyes (28), que en su mayoría, se refieren a la convocatoria a elecciones y la emergencia de salud.
Este escenario resulta preocupante, ya que los decretos tienen una naturaleza provisional o transitoria y deberían aplicarse solamente a situaciones de emergencia, que no sean compatibles con el tiempo que demora la elaboración de una ley. Sin embargo, la modificación de las políticas de relaciones internacionales (Decreto Supremo 4107), la modificación de medidas enfocadas a priorización de la seguridad alimentaria (Decreto Supremo 4139) o la constitución de fechas conmemorativas en el calendario oficial (Decreto Supremo 4158); son decisiones que deberían ser tratadas en la Asamblea
Legislativa Plurinacional, hoy más que nunca, ya que Jeanine Áñez, es presidenta de un gobierno transitorio, por tanto, su representatividad no está legitimada por los votos del soberano y simplemente se debe a una suerte de manipulaciones de la ley, que en primera instancia tenía como estandarte la persecución de elecciones transparentes, pero con el pasar de los días se vislumbra con mayor claridad su verdadero propósito, debido a que transforma la excepción en regla y se encamina peligrosamente a la generalización del estado de emergencia.
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