#Columna | Rubén Gutiérrez Carrill
"Los efectos de esta apuesta irresponsable del gobierno, será la ampliación de las brechas de desigualdad social"
Ante la presión de varios sectores, el 6 de junio el Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas presentó el decreto que legaliza la educación virtual en el país. El decreto oficializa la educación virtual como una modalidad del sistema educativo (junto a otras), estableciendo los requisitos que deben cumplir las instituciones educativas para llevarlo adelante, delegando a las mismas la responsabilidad en la definición de la modalidad a encarar en sus contextos y la elaboración de las propuestas curriculares, aclara también que la implementación de este decreto de emergencia no involucrará la erogación de nuevos gastos del Tesoro General de la Nación; además, en sus disposiciones transitorias plantea que si las instituciones educativas no pueden adecuarse a las exigencias del decreto, pueden continuar trabajando con la estructura con la que ya cuentan.
Estas disposiciones aparecen en un contexto donde solo algunos sectores educativos, como las instituciones privadas, están desarrollando actividades y el resto, el sector público, está a la espera de definiciones del Ministerio de Educación, desarrollando algunas acciones educativas dispersas o en la mayoría de los casos, se ha visto en la necesidad de paralizar cualquier acción ante una realidad en la que los estudiantes no cuentan con las condiciones para adaptar los procesos educativos a la modalidad virtual, por los costos económicos que involucra.
Desde varias organizaciones de maestros y padres de familia, se ha cuestionado que el decreto es insuficiente, no resuelve los problemas educativos y no tiene relación con la realidad que viven la mayoría de los estudiantes del país, de ahí se deduce la incapacidad del gobierno de atender las necesidades educativas de la población. Pero desde el punto de vista del Ministerio de Educación, su decreto expresa un salto a la modernización y que “la pobreza” solo sería una excusa que opera como “un bastión ideológico de algunos sectores para oponerse a los cambios” (Cárdenas).
Es en esta contraposición de interpretaciones y posturas sobre lo que se debe hacer, que estaría el problema más profundo que estamos viviendo en el país, ya que si uno sigue la trayectoria del gobierno y del Ministro Cárdenas, nos vamos a dar cuenta que sus acciones tienen coherencia interna, en el sentido de que lo que hace es responder con su decreto a algunos sectores, de los que tiene su apoyo y son parte de su gobierno, excluyendo a otros, que son las mayorías del país. Y por el contrario, los maestros y padres de familia hablan desde la exigencia de que el Ministerio cumpla su labor y brinde las condiciones para que todos tengan educación.
El Estado tiene el monopolio de las decisiones que norman la vida de todo el país, pero las normas que emana contienen un sesgo, producto de la ubicación e intereses de los sectores que dirigen el gobierno. En el fondo, los decretos que se van emitiendo expresan la correlación de fuerzas de los intereses de los sectores en disputa y que tienen influencia en un determinado ámbito del gobierno. En el caso del decreto de Cárdenas, ¿a qué sectores está dirigido su decreto?, ¿a quiénes el decreto les resuelve sus vacíos y de qué sectores se olvida?, en términos generales, ¿para qué sectores gobierna Cárdenas y a quiénes excluye?
El gran “bastión ideológico” en el que está atrapado Cárdenas es el sesgo que su grupo de poder reproduce en todo el gobierno, la polarización política torpe que ha dividido al país entre sectores populares, que desde el punto de vista de su jefa de partido y gobierno (Añez) se reducen a ser “salvajes” (masistas) y su falsa Bolivia democrática que estaría representada por los sectores ricos y privilegiados del país. En este contexto, el decreto de educación virtual de Cárdenas solamente legaliza el punto de vista del grupo que está en gobierno, esto es, solo es consecuencia del sesgo excluyente con el que sostienen sus posturas políticas antipopulares.
Por eso no es casual que su decreto esté dirigido a legalizar lo que ya vienen haciendo las universidades y colegios privados, que no han paralizado sus actividades, porque han podido adaptarse de forma rápida a la modalidad virtual, inclusive el decreto les podría dar el marco legal para que puedan cobrar por el servicio que han desarrollado desde el inicio de la cuarentena, dando legalidad a sus acciones curriculares y administrativas anteriores al decreto. Tal parece que para Cárdenas el país se agota en estos sectores, y el resto tendrá que acomodarse al molde que el decreto del Ministerio de Educación ha producido en función de la imagen de sus sectores aliados. Por eso no es casual que ante el cuestionamiento de ¿qué harán las familias que no tienen internet y computadoras?, Cárdenas responde “que compren megas o si no hay buena señal que se instalen fibra óptica y que se compren computadoras”.
En los discursos de Cárdenas y en su decreto queda claro los intereses que defiende y su postura respecto a los sectores que no le interesa atender y que puede terminar excluyendo por seguir sus prejuicios ideológicos. Esta forma de ubicarse en la actual crisis, le genera una tremenda ceguera, que le hace olvidar las responsabilidades constitucionales del Estado, se olvidó que es prioridad del Estado el garantizar la educación gratuita y de calidad para todo el país, no solo para sus grupos de interés.
El decreto de Cárdenas, en los hechos, deslinda de responsabilidades al Ministerio de Educación y traspasa todo este peso a las instituciones educativas y gobiernos locales. Lo que convierte a la educación en un espacio sin regulación ni control, donde cada escuela hará lo que pueda y lo que sus condiciones le permitan, de esta forma se estaría legalizando la desigualdad, en un contexto donde, para la mayoría del país, la crisis sanitaria impide desarrollar cualquier modalidad educativa que no sea Virtual y donde la gran mayoría de estudiantes y familias no cuenta con las condiciones para adaptarse a este tipo de procesos.
Los efectos de esta apuesta irresponsable del gobierno, será la ampliación de las brechas de desigualdad social, ya que solo algunos sectores podrán acceder a la educación en este año de crisis, mientras otros sectores –la mayoría del país- quedarán en el abandono del Estado y muchas otras tendrán una educación precaria. Ejemplo de esto es la reacción al decreto de los estudiantes de secundaria de Sucre, que han solicitado cancelar la gestión educativa actual y perder el año para regularizar los procesos educativos el 2021. Esto es solo una muestra de que se avecina un caos en el sistema educativo, producto de la visión reductiva de la realidad educativa de Cárdenas y su equipo, que simplifican la complejidad del país a la imagen de su entorno de socios y sectores con quienes tienen afinidades de clase.
Esta senda de abandono estatal de la educación que promueve Cárdenas es solo comparable a las políticas educativas liberales de inicios del siglo XX, que solo garantizaban la educación de las ciudades capitales del país en un contexto de división de castas y exclusión racial. Solo criollos y mestizos urbanos eran atendidos por el estado oligárquico y a las mayorías indígenas se les permitía acceder a la educación si podían, es decir, no se les prohibía aprender a leer y escribir, pero el estado no era responsable de garantizar las condiciones mínimas para que esto suceda (apertura legal que fue asumida por los propios indígenas quienes se dedicaron a fundar escuelas propias y a alfabetizar por su cuenta, a pesar de y más allá del estado). Atención para unos y abandono para otros fue la lógica de la oligarquía colonial que fundó un sistema educativo excluyente. Lo paradójico de lo que vivimos hoy en nuestro país es que un indígena exkatarista se encarga ahora de reponer -de facto- el sistema educativo excluyente que tenía Bolivia hace 100 años.
Rubén Gutiérrez Carrill