En plena cuarentena, la ASFI, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instruye el cierre total de entidades financieras de las localidades de Villa Tunari, Eterazama, Villa 14 de Septiembre, Alto Chapare, Chimoré, Shinaota, Ivirgarzama y Entre Ríos a partir del viernes 17 de abril.
Se ha instruido, por medio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el cierre total de las instituciones bancarias en todos sus servicios, bajo el supuesto argumento de que no existirán fuerzas del orden en la región. La medida adoptada por esta instancia afectara a más de 194.000 pobladores del trópico (1), población estimada por el INE a 2020.
Cabe resaltar que todas las instituciones financieras operaban con total normalidad hasta antes de la llegada de los 85 uniformados que fueron increpados al no contar con las medidas de bioseguridad para realizar sus labores, lo cual despertó la molestia e indignación de la población.
Existencia de fuerzas del orden en el Trópico
A pesar de la versión de algunos medios de comunicación, pobladores del trópico han demostrado que ya exisita presencia de personal las fuerzas del orden en la región, que siguen sus labores con normalidad; tal es el caso de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) que realiza sus inspecciones y patrullajes en la localidad de Locotal, de la misma manera opera la patrulla caminera en los retenes de la carretera Cochabamba-Santa Cruz; del mismo modo, por medio de un audio difundido en redes sociales se pudo evidenciar que la 9na división cumple sus funciones de manera normal en el trópico.
Revanchismo y venganza política
Por su parte, desde la dirigencia del sector, se habla de venganza y amedrentamiento político a pobladores del trópico de Cochabamba, además de reafirmar el compromiso de estas instituciones y sus bases en la lucha contra el COVI-19.
Por medio de un comunicado oficial Andrónico Rodríguez (Vicepresidente de las seis federaciones del trópico) observa la falta de coordinación del Estado y las instancias militares, policiales que se encuentran en el lugar, además de ver una actitud de venganza y castigo sistemático a la población, que en su mayoría rechaza al gobierno de facto.
Rodríguez negó que la expulsión de los uniformados fuera propiciada por la dirigencia de las seis federaciones y consideró que “La ira contenida aún sigue latente en la familia cocalera del trópico", agrega el pronunciamiento, que señala que los dirigentes “apoyamos plenamente que el país debe seguir trabajando en procura de defender la vida precautelando la salud pública frente a la pandemia”.
Debemos recordar que este suceso de sanciones a la región solo afecta y asfixian a la población más empobrecida y vulnerable en pleno azote del COVI-19, con un número importante de afectados, entre niños, ancianos y madres embarazadas.
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