Añez, parece haber emprendido un camino sin retorno al emitir el Decreto Supremo 4301, mediante el que se aprueban los préstamos ofrecidos por el FMI y otros organismos internacionales, los mismos que habían sido cuestionados por la ALP al no ofrecer información suficiente en cuanto al destino de estos recursos.
La presidenta de facto y su gabinete, sorpresivamente, promulgaron el decreto 4301, que declara “Calamidad Pública” en todo el territorio de Bolivia, lo cual le permitirá omitir la consulta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de préstamos de organismos externos. Sin embargo, esta medida parece forzada, ya que en los últimos días, la situación no ha cambiado significativamente.
Desde el inicio de su mandato, Añez ha recurrido al “decretazo” para llevar adelante su gestión, pasando por alto las objeciones, interpelaciones y observaciones de los diputados y senadores, que componen el Órgano Legislativo.
En circunstancias normales, el presidente, goza de la facultad de promulgar leyes “por decreto” porque lo respalda la legitimidad de una elección democrática, sin embargo en este caso, Jeanine Añez no llegó al poder por la voluntad popular, por el contrario, su ascenso estuvo plagado de irregularidades.
Una vez más, el gobierno de facto, pisotea la voluntad popular, reflejada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se constituye, o lo hacía, como el último rastro de legitimidad de este gobierno.
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