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¿Qué racionalidad orienta las acciones gubernamentales en plena crisis sanitaria?
El desplazamiento del Estado como motor impulsor de la economía (para transferir recursos a bancos privados para que éstos intermedien con políticas gubernamentales de crédito) y su alejamiento de la rectoría absoluta (para tener control parcial) de instancias como la educación y dar paso a la apertura de éstos a la “iniciativa privada”, podría ser la forma inmediata de interpretar el sentido de las medidas que el gobierno de Añez está asumiendo en Bolivia, es decir, la valoración de lo que pasa en el país podría graficar una disputa entre estatistas y liberales que tienen modos y maneras de leer la realidad política a partir de concepciones diferentes del mundo. Ahora bien, una mirada un poco más detallada de lo que va ocurriendo hace notar que la simple dicotomía se queda corta al momento de comprender nuestro presente. Un fundamentalismo liberal que contradice sus mismos principios sostiene las políticas que están muy lejos de ideas como la del cuidado del individuo (de la persona) y que orillan sus decisiones en la lógica mezquina de la simple maximización (idolatría) de la ganancia (la perversión de la ganancia está muy lejos de la centralidad de la libertad del individuo).
Se trata de la versión política de lo que en la economía capitalista de tono fundamentalista (que desplaza sus mismas bases liberales) se entiende como externalización, eso es maximizar ganancias desde la posibilidad de sobrepasar los controles locales para hacer que otros hagan lo que requiero reduciendo costos. Como el fundamento de la lógica de la externalización es económica entonces no es de extrañar que la naturaleza de las relaciones entre los sujetos al interior del Estado tenga orientación instrumental (de tono económico), es decir, los vínculos están más cerca de un negocio que de un proyecto político y es esto lo que permite comprender que también dentro del Estado encontremos disputas entre los actores que quieren externalizar entre ellos. Una querella interna se vive en su seno, una querella en la que una instancia del Estado quiere desplazar su responsabilidad a otra instancia para que ésta haga lo mismo con otra, para así, seguir sucesivamente. Lo que interesa a la lógica de la externalización es el descargo de la responsabilidad sin interesar dónde se lo haga. Es por eso que leer el presente desde la dicotomía entre estatistas y liberales no permita comprender una situación en la que se tienen discursos (pero sólo discursos) de tono liberal con disputas internas en el seno del Estado por el control de varios sectores (la disputa entre Gobernación y Poder Ejecutivo por el SEDES en La Paz es un ejemplo de esto) aunque decir control no sea lo mismo que asumir responsabilidad.
Es por ello que la política de la externalización puede ser interpretado como una política de la irresponsabilidad, es decir, la política que evita responder por cualquier exigencia que se le pueda plantear. El manejo de la pandemia en Bolivia grafica eso, pues en todo el razonamiento de las medidas asumidas se puede encontrar la necesidad de justificar que tal o cual nivel Estado no tiene por qué asumir la responsabilidad de tal o cual asunto o de tal cual gasto (en todas las políticas gubernamentales el esfuerzo es éste; argumentar jurídicamente por qué tal o cual medida no le corresponde al nivel central del Estado). Un ejemplo se lo puede ver en la educación, ámbito que según la Constitución Política del Estado (CPE) es “primera responsabilidad financiera…” pero que, en el caso de la pandemia grafica el poco interés real en responder por ella. En Bolivia van tres meses de paralización de clases y la discusión es por quién dota a las y los estudiantes de condiciones materiales para una educación virtual, ¿quién acondiciona las Unidades Educativas para que las y los niños retornen a la escuela en condiciones de seguridad?, ¿quién capacita a las y los maestros para que el proceso educativo en condiciones diferentes a la habitual pueda tener éxito?
Mencionamos que control no es lo mismo que responsabilidad y, en el caso boliviano, el Poder Ejecutivo ha centralizado todos los fondos, tanto de préstamos como de cooperación internacional, para hacer frente a la crisis sanitaria. Esto lo fue argumentando desde la misma naturaleza de una situación anormal de emergencia (mundial) sanitaria, ahora bien, lo que no tiene ningún sentido es que -centralizando los recursos para responder a las necesidades- este mismo nivel del Estado no quiera responder y transfiera las exigencias (no las condiciones) a los otros niveles estatales apoyándose en la normativa que –evidentemente- puede distribuir responsabilidades en otros sectores pero, obviamente, todo eso es cuando estamos en situaciones “normales”. Es obvio que, en este punto, la discusión no es jurídica pues la norma puede decir cualquier cosa, lo que se pretende hacer evidente es la lógica con la que se razona y desde dónde se responde a una situación de emergencia. Situación en la que razona buscando eludir lo que le corresponde –éticamente- a uno.
La política de la irresponsabilidad tiene, como consecuencia, que la gente (el pueblo) termine sin respuesta real acerca de lo que se necesita de manera concreta. De ahí que la relación entre la población con el Estado (en sus distintos niveles) termine teniendo un alto nivel de conflictividad, pues esto es lo que obliga a que sea la misma población la que se deba organizar (normalmente enfrentándose al Estado) para responder a sus propias necesidades. Hoy Juntas Escolares de padres de familia están en el país reuniéndose para crear, ellos mismos, las condiciones para que las niñas y niños retornen a clases de manera presencial. Esta no sería una necesidad si es que no estuviera en medio el fracaso que la experiencia forzada de educación virtual significó, hasta el momento, en el país. Fracaso que tiene que ver con el modo en cómo lo planteó el gobierno central y la manera en cómo se llevó a maestras y maestros a algo en lo que, más que capacitar y preparar para el trabajo, se los terminó forzando y regañando para que cumplan una tarea sólo en el plano formal.
La responsabilidad (la capacidad de responder) alude a una de las cualidades propias de la política como experiencia, de ahí que si ésta no aparece en el nivel central de gobierno es lógico de deba desplazarse hasta encontrar cause en el sujeto con la capacidad de asumir lo propio de la tarea política (el responder). Esto es lo se vive en Bolivia con actores que van asumiendo las respuestas que la política exige. Ahora bien, si responder alude a la tarea de la política, la orientación de la respuesta alude a lo que es la cualidad última de la política como tal (cualidad construida –paradójicamente- siempre de manera compartida); la idea de proyecto. El proyecto en política es lo que orienta la acción y esto es lo que termina haciéndose Estado. El Estado, en este sentido, es siempre proyecto y como proyecto no es otra cosa que la capacidad de respuesta hecha política. La respuesta del Estado es la que le da a la gente que lo ha construido, de ahí que la externalización no sea otra cosa que la simple ignorancia –desde el poder- acerca de los sujetos que no son parte de ese gobierno que dirige el Estado. Esto es lo que pasa cuando tenemos un gobierno que no es legítimo, en otras palabras, esto sucede con el gobierno que no se reconoce sino en los actores del mismo gobierno.
Bolivia vive una coyuntura de disputa electoral, si en esta coyuntura no se aprende de esta experiencia es muy probable que la política de la externalización continúe presente –incluso en un gobierno de izquierda- pues, a manera de descargo del gobierno de Añez, se puede decir que la externalización en política no es una creación de este régimen, sino que esto viene de antes, de mucho antes, pues es lo propio de la política en América Latina desde el nacimiento de los estados en el siglo XIX. Añez lo agrava, lo cual es distinto. Bolivia se ha refundado como Estado Plurinacional y el gobierno que corresponde a un Estado de este tipo no puede sostenerse en la externalización pues lo propio de este Estado, se supone, es la capacidad de responder a una escala mucho más amplia que la de un Estado monocultural y monolingüe. Un Estado plurinacional –en su mismo nombre- no olvida la cualidad (plural) de la gente que está en él. Los maestros rurales, entre otros actores, han construido respuestas a la situación actual de la educación (entre otros ámbitos) y el gobierno no las ha escuchado, los padres de familia de Unidades Educativas privadas van pidiendo un descuento del 50% de las pensiones escolares, los trabajadores están siendo despedidos incluso de instituciones públicas y nadie preserva el derecho al trabajo. Todas estas preocupaciones no pueden ser deslindadas de un gobierno (menos de izquierda) nuevo que vaya a llegar en septiembre.
Estado no es sólo administración sino, ante todo, construcción colectiva. En realidad, Bolivia como Estado expresa un proyecto pendiente de concluir y situaciones como las que vamos viviendo reflejan una oportunidad histórica para encarar la tarea que termine generando la legitimidad necesaria para que éste responda, cada vez, de mejor manera a las necesidades de la gente. Se debe entender, a modo de conclusión, que la capacidad de respuesta estatal está en relación a la capacidad de articulación con la gente sobre la que decide, es decir, la posibilidad de responder de manera radical está en la capacidad de comprometer a que la gente se monte en esa respuesta. Así, por ejemplo, concentrar el grueso del esfuerzo en educación para sembrar a largo plazo no depende del diseño final de un proyecto de ONG o de alguna instancia de cooperación internacional, sino que esto es lo que se decide de manera compartida desde la visión de Estado que se tiene y la legitimidad de la decisión que involucra a la población.
Al final, el éxito de la más osada de las medidas es el éxito de la legitimidad y el involucramiento producido en la gente entorno de un proyecto. Esto es lo que el gobierno actual no entiende. Esto es lo que hace que su presencia perjudique antes que coadyuve a la salida de la crisis que, en Bolivia, cruza lo político con lo sanitario y, ahora, también con lo económico. La crisis hoy nos exige tener salidas con el más alto nivel de legitimidad, pues de lo contrario (si se reproduce la política de la externalización) la misma crisis se llevará al gobierno que venga con septiembre y, si ese gobierno es de izquierda, se tendrá el aditamento de que la derrota será, al mismo tiempo, una derrota histórica, esas de las que no se recupera uno sino es una o dos generaciones después. Eso lo vivimos ya el año 82 con la UPD y el boicot auspiciado por la misma izquierda nacional. La llegada de Evo Morales (el 2005) fue la respuesta generacional a esto. Respuesta que tardó casi treinta años en llegar.
Destiempos publica la presente columna de opinión respetando que el autor no quiere hacer público su nombre por los momentos de persecución política y violación a los derechos humanos que se vive en Bolivia.