#Politica Proceso por incumplir Cuarentena
El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe contrató los servicios profesionales del amigo personal de Luis Fernando Camacho, el abogado Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Jeanine Añez ante el proceso abierto por la fiscalía por el presunto delito de daños contra la salud pública al haber organizado de una reunión comunitaria en medio de la cuarentena total por el coronavirus.
Luego del polémico intercambio de palabras con el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien le reclamaba la renuncia de su cargo por tal hecho; Quispe, rechazó al abogado de oficio delegado por el Estado y asumirá su defensa con un representante legal de forma privada, haciendo público el distanciamiento y los roces dentro de la administración del gobierno de facto.
Recordemos que el Ministro de Gobierno Arturo Murillo afirmó que el abogado estaría vinculado a una supuesta red de consorcio de jueces, fiscales y policías implicados en la liberación del exdirector de la Felcc-Santa Cruz Gonzalo Medina, quien finalmente no pudo guardar detención domiciliaria y fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro de La Paz.
Caso la Manada
Cabe resaltar que, el ahora defensor de Rafael Quispe, ha sido criticado por la población al ser el abogado defensor en el sensible caso de una violación grupal ocurrida en el Departamento de Santa Cruz y cuyos implicados, han sido favorecidos por la justicia a pesar de contar con pruebas den su contra.
Este hecho ocurrió cuando el 14 de diciembre de 2018, la víctima salió con cinco de sus amigos. Lo siguiente que recuerda es que despertó tres días después en la sala de terapia intensiva de un hospital. Los análisis clínicos evidenciaron que fue drogada. Su cuerpo estaba lleno de moretones y presentaba lesiones que confirmaban un vejamen.
Roces internos en el gobierno
Este hecho profundiza las discrepancias que existen en el interior del gobierno, ya que Jerges Justiniano es abogado de Fernando Camacho, actual candidato a la presidencia y opositor al gobierno de Añez, y podría interpretarse que la acción asumida por Rafael Quispe al contratar a Justiniano como su abogado defensor es una provocación política al actual ministro Arturo Murillo.