Al interior de la Cámara de Diputados se aprobó este martes una ley enfocada en la condonación del 50% de los alquileres a partir del 15 de Marzo y mientras dure la cuarentena nacional, además del congelamiento del canon de alquiler, la protección de los arrendatarios ante posibles desalojos y reducción del pago de impuestos para los propietarios que para acceder al beneficio, deberían presentar un documento notariado, en el cual, el arrendatario declare que está siendo beneficiado con la condonación del alquiler. Cabe mencionar que si el arrendatario es asalariado, no califica como beneficiario de dicha normativa.
La realidad es que en Bolivia, la mayoría de los propietarios no están registrados como empresas unipersonales en el sistema de impuestos nacionales, es decir, no tributan y otros pocos que cuentan con NIT declaran montos inferiores a los reales. Lo cual, nos conduce a un callejón sin salida, porque probablemente para muy pocos o para ningún propietario, suscribir una declaración jurada, para recibir la reducción de un impuesto que no paga o cuyo monto minimiza, resulta atractivo, tomando en cuenta de que esta normativa no los puede “obligar” a acceder a las condiciones de pago que la ley establece.
Por su parte, el arrendatario de vivienda se presenta como el gran beneficiario con esta condonación, sin embargo, seguramente aquellos que alquilan locales comerciales, no estarán muy contentos con pagar el 50% de un servicio que realmente no utilizaron, sin importar que el pago sea en cuotas o en el futuro. Lo cual desemboca en un conflicto de intereses, que deberá resolverse como muchos otros conflictos en el país, entre ambas partes, sin la intervención del Estado y existirán tantas fórmulas como casos.
Ante un análisis realista de la situación, está ley, es una tímida muestra de voluntad política del órgano legislativo frente a un problema muy serio, que afecta a una gran parte de la población y cuyo camino a su promulgación aún parece lejano debido a la complejidad del escenario y lo que implica para la imagen del gobierno actual, que tiene como reto realizar el cálculo político para hallar el punto de equilibrio frente a un inminente, pero aún esquivo, escenario electoral.