Este decreto estaría enfocado en beneficiar solamente a las grandes empresas privadas, dejando en el abandono al sector público, además de favorecer a que los empleados pierdan sus fuentes laborales sin ninguna sanción para sus patrones.
Mediante una conferencia de prensa, el candidato presidencial y ex ministro de economía y finanzas, Luis Arce Catacora, realizó serias observaciones al “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, calificándolo como una “mala copia” de las propuestas del MAS-IPSP. Como primer punto, resalta que la distribución de los 2671 millones de dólares presupuestados favorece solamente a los grandes empresarios, ya que solamente 15 millones de dólares (0,5%) están destinados al “Programa Intensivo de Empleo” y el “Fondo de Afianzamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” tiene un presupuesto de 17 millones de dólares (0,6%), mientras que el sector de las grandes empresas privadas es beneficiado con el grueso de la inversión pública. Según Arce, es una clara muestra de que “estamos de regreso al neoliberalismo”.
Con referencia al “Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda de Interés Social y Solidaria”, indica que si bien se destina un monto “interesante” (723 millones de dólares), estos recursos, finalmente serán pagados por los mismos trabajadores, que anteriormente se beneficiaban gratuitamente de los viviendas sociales, pero ahora deberán endeudarse con la banca privada.
Habiendo dejado clara la naturaleza de este plan, Luis Arce hace notar un gran vacío en cuanto a la fuente de financiamiento de estos recursos, ya que no especifica de donde se obtendrá el dinero para implementarlo. Además, lamenta los planes de apoyo a los sectores agropecuario, minero, turismo, aerotransporte y telecomunicaciones, además de haber sido copiadas al MAS IPSP, resulten deficientes.
Contradicciones entre el discurso y las acciones gubernamentales
Por si fuera poco, Arce, señala una enorme contradicción en cuanto a la emisión de títulos del Banco de Desarrollo Productivo al mercado para la captación de dinero, para inyectar capital a la banca privada. Es decir, una empresa de origen público (BDP) obtendrá dinero para otorgárselo a las entidades financieras privadas para que estas otorguen créditos a sus clientes. Pero la mayor contradicción es que la emisión de títulos valores es una medida que se ejecuta cuando existe gran cantidad de dinero circulando en el mercado, lo cual parece absurdo en la situación actual.
Otros aspectos que considera contradictorios son el establecimiento del 20% de aporte por parte del solicitante de créditos de vivienda de interés social, que anteriormente era 0% y la reducción del porcentaje obligatorio en la composición de la cartera de las entidades financieras que debía estar destinada a préstamos de vivienda social y préstamos al sector productivo. Anteriormente los bancos estaban obligados prestar el 60% de su capital en condiciones preferenciales (tasas de interés reducidas) en créditos de vivienda y productivos, sin embargo ahora se redujo ese porcentaje al 50%, lo cual le permite a la banca privada dar mayor cantidad de préstamos a tasas de interés elevadas.
Adicionalmente, el candidato, menciona que la reducción del sector público, atenta contra la misma generación de empleos que tanto anuncia el gobierno de facto y esto tendrá un efecto adverso sobre la demanda de productos nacionales, contrariamente a uno de los objetivos del decreto. Entonces, señala que este modelo es “neoliberal”, ya que apunta a fortalecer la oferta (empresas privadas) y no la demanda (población en general).
Vulneración de las autonomías
Luis Arce, recuerda que durante el gobierno del MAS-IPSP, se tuvo mucho cuidado de preservar las autonomías departamentales y municipales en la emisión de normativas coordinadas, sin embargo, actualmente se busca imponer políticas centrales a los municipios y gobernaciones.
Reposicionamiento del modelo neoliberal
Según Arce, la totalidad de las medidas benefician a la empresa privada, dejando sin ningún tipo de financiamiento a las empresas públicas, además de exigirles un “plan de factibilidad de corto plazo” y en caso de mostrar resultados negativos, serian víctimas de la política de reducción fiscal, es decir, serian privatizadas.
Ganadores y perdedores
Bajo el criterio del candidato, el gran beneficiario con este decreto, es el sector de la banca privada, ya que recibirá el capital de origen público (BDP) y realizará préstamos que le generaran ganancias. Además argumenta que las grandes empresas privadas accederán a esta importante cantidad de recursos sin estar condicionadas a garantizar la estabilidad laboral de sus empleados, debido a que no existe ninguna normativa que los obligue. También denuncia que actualmente ya se estarían cometiendo abusos por parte de los empleadores, con despidos masivos, la reducción de sueldos y uso obligatorio de vacaciones durante la cuarentena.
Las micro y pequeñas empresas tampoco resultarían beneficiadas, tomando en cuenta que los recursos destinados serían insuficientes para este sector y por otra parte los municipios rurales estarían siendo omitidos en este decreto que solamente contempla a los municipios capitales de departamento y El Alto.
Todo esto, según Arce, se trataría de una acción dirigida a la captación de votos para las próximas elecciones presidenciales. Por este motivo se restringen los beneficios para los potenciales simpatizantes de Jeanine Áñez y se omite a las áreas rurales, sector informal y la clase obrera.
Finalmente, indica que al no existir un artículo que garantice la estabilidad laboral, la finalidad de este decreto no es la reactivación del empleo, además exige que la empresa pública también se beneficie con el financiamiento para el pago de planillas y denuncia que la otorgación de los beneficios se realizaría de forma discrecional por parte de los ministerios y estos serían utilizados para condicionar su apoyo en el proceso electoral, revelando que se trata de una medida demagógica que no lograra resolver la crisis económica.
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